Un joven busca a tientas una piedra, la sujeta firmemente y la arroja en un esfuerzo por contrarrestar las ráfagas de fuego.
“¡Déjennos, somos estudiantes!”
Varios muchachos quedaron atrapados en una emboscada policiaca. Están desarmados. Algunos descendieron del autobús y trataron de huir. Otros se escondieron detrás de los asientos. Ernesto, un joven de 23 años de tez criolla y cejas gruesas, baja, se esconde detrás de una llanta y continúa defendiéndose con piedras.
Uno de sus amigos cae a un lado de él, con una bala en su cabeza. Ernesto se estremece. Siente como sus fuerzas se desvanecen. Huele a sangre y pólvora. Balas zumban en gran cantidad.
“¡Detente! Lo mataste. ¿Qué más quieres?”, Ernesto grita. Trata de cargar a su colega, pero es muy pesado. Huye corriendo, dejándolo atrás.
Septiembre 26 2014. La policía mexicana atacó a tres autobuses con casi 80 estudiantes abordo en camino a una protesta en la capital del país. Tres jóvenes fueron asesinados en el tiroteo; sus cuerpos dejados en las calles. En medio del caos 3 transeúntes fueron también asesinados. Luego la policía procede a apalearlos y dejarlos expuestos, para subsecuentemente cargarlos en carros y desaparecer con 43 de ellos. Su paradero es desconocido hasta hoy.
En México, once personas desaparecen cada día. Más de 20.000 personas están desaparecidas. La mayoría son de Guerrero, el estado en donde vive Ernesto. A veces se encuentra un cuerpo o alguna fosa común con huesos incinerados, pero esas también permanecen sin identificarse.
Las autoridades apuntan a los narcotraficantes, quienes por medio de sobornos se aseguran de tener los caminos libres y de manejar sus negocios en muchos estados alrededor del país.
La gente común ha dejado de protestar por el miedo a desaparecer también.
Febrero 2016. Ayotzinapa es una pequeña ciudad del estado de Guerrero, con calles sucias y sin pavimentar. Con un mapa en mano trato de encontrar la escuela de los estudiantes desaparecidos, Entro en pánico cuando pienso que seré secuestrada cada vez que un carro con vidrios polarizados pasa.
Un muchacho me mira fijamente desde una fotografía en blanco y negro pegada sobre una señal de tránsito. Su nombre, Felipe Arnulfo Rosas, está impreso debajo de su barbilla. Arriba de su frente uno puede leer “hasta que lo encontremos vivo”.
Él es uno de los estudiantes desaparecidos. En esta área, en las señales de tránsito se ha dejado de leer “ceda el paso” o “vuelta a la derecha”. En vez de eso muestran las fotografías en blanco y negro de las caras de las personas desaparecidas. Algunas están sostenidas solo por un hilo, otras recién impresas. Las paredes y los árboles exhibiendo grafitis y marcas de cuchillo. Todos ellos buscando a los desaparecidos: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” o “Nos están quitando la luz de la vida”.
Cerca de la salida de la ciudad, en medio del bosque, está la escuela rural – La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Para llegar ahí desciendo entre arbustos y escaleras de concreto. Los muros de la escuela están acabados y sus anfiteatros vacíos. Las ventanas cubiertas de cortinas de luto.
De vez en cuando, un joven tocando el himno nacional mexicano con su trompeta rompe el silencio. Carteles con frases revolucionarias cuelgan sobre las paredes.
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Las escuelas rurales fueron establecidas en el renacer de la Revolución Mexicana, el evento sociopolítico más importante desde principios del siglo XX. Fue cuando los campesinos bajo el liderazgo del revolucionario Zapata, pelearon para recuperar sus tierras. La postura revolucionaria se mantiene hasta hoy – Las escuelas rurales preparan a jóvenes para ser maestros. Pero ellos no son maestros ordinarios.
“En la mayoría de las escuelas, solo te enseñarán a ser un peón. Nosotros aprendemos a protestar y cuestionar todo lo que venga del gobierno como el que tenemos. Nosotros somos enseñados a luchar por las causas justas”, dice Ernesto Guerrero, el joven que consiguió escapar de la emboscada policiaca hace dos años.
Ernesto cuenta como logró esconderse después de tirar piedras a la policía y ver a uno de sus amigos asesinado. Espiando tras un árbol, vio como los policías arrastraron a los estudiantes hacia afuera del autobús. Los recostaron sobre el pavimento. Muchos de ellos sin playera y sangrando. Ernesto pasó toda la noche repitiendo en su mente las placas de las patrullas que tomaron a sus colegas, para no olvidar ningún dígito. “017, 019, 020, 022, 027”.
Después de que los estudiantes fueron capturados, la policía buscó los casquillos y ahuyentó a toda la gente que había venido a ayudar a los estudiantes: “¡Váyanse, lárguense!”, les gritaron.
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En México, los manifestantes son principalmente gente del campo y estudiantes como Ernesto. Desde hace algunos años México quiere reformar las 16 escuelas normales rurales, cambiar el plan de estudios y detener el programa de becas para los estudiantes de aquí. El dinero que un estudiante está recibiendo en una Escuela Normal Rural es de 90 pesos por día.
Quitando las becas supondría el fin de las escuelas rurales. Mientras que la matrícula en una universidad de ciudad cuesta más de lo que los rumanos pagan por un año de colegiatura.
“El gobierno no los quiere, porque el maestro graduado aquí es un personaje incomodo al sistema”, me explica por teléfono Zosimo Camacho; él es un periodista especializado en problemas sociales, quien ha estado documentando el fenómeno de las escuelas rurales por años.
Ernesto y sus colegas sobornaron a algunos choferes del transporte público para tomar un desvío y llevarlos a la marcha en la capital a 200 km de ahí. Para poder llegar a protestas, los estudiantes a menudo capturan autobuses. A veces ellos negocían con los choferes justo en la terminal, otras veces saltan en frente de los carros en la autopista. Muchas veces los estudiantes fuerzan a los pasajeros a bajar y los dejan sobre la carretera. Ernesto dice que no hay otra opción, el transporte es muy costoso. “Es nuestro deber ir y protestar, por México y por todos los estudiantes”.
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“El gobierno y el crimen organizado forman un mismo organismo que actúa como parásito”, dice Arturo Basáñez Lima, abogado y profesor de sociología quien me platicó sobre la corrupción de México.
Desde 2006, la guerra contra el narcotráfico ha quitado más de 150,000 vidas, de acuerdo con un reporte publicado en Junio por seis organizaciones de derechos humanos.
Es común oír noticias de gente decapitada, quemada, mutilada, colgada de puentes, muerta o desaparecida.
El presidente actual Enrique Peña Nieto, ganó las elecciones en el 2012 con la promesa de controlar la violencia sin iniciar una costosa y sangrienta guerra contra el narcotráfico. Los crímenes de violencia, sin embargo, son todavía muy altos.
El 92% de los municipios de Guerrero son dominados por los cárteles de drogas quienes venden su mercancía a la vista de todos, no se molestan en ocultarlo. El ex alcalde de la ciudad en donde los estudiantes fueron desaparecidos es pariente de uno de los jefes del narcotráfico. Existe una ley no escrita de que las autoridades los dejen hacer lo que quieran.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”
La escuela de Ayotzinapa se convirtió en sala de juntas para los padres, maestros y colegas de aquellos desaparecidos. Ellos tienen un autobús, La Caravana de Ayotzinapa, con cual recorren el país tratando de llamar a las autoridades a rendir cuentas. Realizan conferencias, se reúnen con fiscales y organizan marchas.
La noche de la desaparición, los estudiantes llamaron a los números de emergencias, pero nadie se molestó en contestar. Algunos incluso llamaron a sus padres y amigos para que vinieran a salvarlos. Esta no era la primera vez que estudiantes se enfrentaban con policías.
“Nosotros no creímos que la policía podía hacer esto y desaparecer a nuestros hijos de esta manera”, dice Felipe de la Cruz, padre de uno de los sobrevivientes. Su hijo lo llamó en medio de la emboscada, pero Felipe no pudo llegar a tiempo.
“Le dije que se cuidara, que se mantuviera con el grupo. Para que no lo golpearan, porque si lo metían a la cárcel, nosotros estaríamos ahí para sacarlo”.
Felipe de la Cruz es un hombre de peso promedio, proveniente del campo. Es él quien moviliza a los demás padres para pelear a toda costa. “Si nos quitaron a nuestros hijos ¿qué más podemos perder?”.
El hijo de Felipe de la Cruz logró salir caminando con su vida esa noche y todavía lucha por superarlo.
“Mi hijo era como cualquier otro joven, inquieto, enérgico, guitarrista. Ahora tiene 20 años y solo se queda en casa, incapaz de hablar con nadie otra vez.”
El hombre recuerda la mañana siguiente a la emboscada. “El 27 de septiembre, nosotros, los padres, fuimos a la escuela. Todos fueron en búsqueda de respuestas; aún no sabíamos quienes de nuestros hijos habían desaparecido”.
Fue entonces cuando varios profesores, padres y estudiantes fueron a la estación de policía a dar las declaraciones con la intención de recuperar a los supuestos estudiantes arrestados. Todo para enterarse de que ellos nunca llegaron a ninguna estación de policía.
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Después de muchos meses de lucha, docenas de policías fueron arrestados y algunos funcionarios públicos fueron relevados de sus puestos con cargos de corrupción. Más de un año después, la corte, hizo su primer veredicto. Docenas de policías que abrieron fuego contra los estudiantes están ahora tras las rejas, y el comandante de policía está preso en una cárcel de máxima seguridad. El ex alcalde, quien fue acusado de haber emitido la orden de secuestrar a los estudiantes, fue relevado de su cargo y arrestado junto a su esposa, quien es pariente de uno de los jefes del narcotráfico.
Ante las solicitudes del grupo de padres, en Marzo del 2015, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos envió a un equipo de expertos internacionales para investigar el caso, tres abogados y dos jueces, especializados en derechos humanos , con más de diez años de experiencia. Una de sus conclusiones fue que “los estudiantes fueron acosados por la policía federal y la estatal además del ejército también”.
Los especialistas dejaron el país en Abril del 2016, después de que las autoridades manipularan evidencias, prohibieran reuniones y entrevistas con testigos clave y falsificaran evidencias. Los expertos tampoco pudieron hablar con los policías arrestados o con los choferes de autobuses.
Todos aquellos que manejaron autobuses esa noche no volvieron a trabajar con la compañía de transportes. Uno de los empleados de la compañía me dijo por teléfono que, después de la noche del ataque, ellos no saben nada de lo que le pasó al autobús sobre el cual la policía abrió fuego.
Los descubrimientos de los cinco expertos muestran que la violencia utilizada esa noche no puede ser justificada. Un colega de los estudiantes desaparecidos fue encontrado muerto el día siguiente. Su cuerpo estaba a la vista de todos en la calle, habiendo sufrido 64 huesos fracturados y su piel arrancada del rostro. El muchacho sucumbió ante la tortura.
Los expertos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reclaman que las desapariciones fueron orquestadas con la ayuda del Estado: “La idea de ellos es propagar el terror a todos aquellos que puedan simpatizar con las víctimas y hacer creer que ellos pueden ser los siguientes en la lista”.
La fiscalía de Guerrero declaró que los cuerpos de los estudiantes están localizados en una fosa in Cocula, un municipio del mismo estado, donde docenas de cuerpos incinerados fueron encontrados días después de la desapareción forzada de los normalistas. Los oficiales reclaman que los narcotraficantes asesinaron a los estudiantes y después quemaron sus cuerpos. Los exámenes e investigaciones realizadas por expertos internacionales comprobaron que los cuerpos que fueron desenterrados de la fosa no pertenecen a los estudiantes desaparecidos.
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En México, la desaparición de los estudiantes esparció una ola de protestas. Este verano, cientos de maestros tomaron las calles debido a la propuesta de la reforma educativa, la cual pretende, entre otras cosas, desparecer a las escuelas rurales. Los maestros piden “el fin de la matanza y secuestro de la gente”. Pero la noche del 26 de septiembre tuvo una secuela. Los policías dispararon e nuevo con pistolas y ametralladoras. Ocho personas murieron y 22 están desaparecidas.
Pregunté a varias personas que es lo que ellos piensan que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa. La mayoría dice que fue el estado. “Cualquiera puede ser la siguiente persona desaparecida. Después nos matan, nos tiran al mar, nos prenden fuego o nos hacen desaparecer como si fuera un acto de magia”.
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Varianta în limba română – aici
Traducere: Lalo Juárez
Amigos: Casa Jurnalistului
